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La vergüenza en torno al Real Decreto

Llevamos varios días asistiendo a un espectáculo muy difícil de digerir. El pasado día 10 se acababa el plazo para presentar alegaciones al proyecto de Real Decreto presentado por el ministerio y que pretendía vender nuestra alma al diablo.

Pocos días después ocurrieron varias cosas. El día 17 hubo unas cuantas reuniones de gente del ministerio con asociaciones de ilustradoras, de traductoras, de correctoras, del audiovisual, del tebeo, de la danza, del teatro…

Reuniones que se podrían resumir en un «la única salida posible es lo que hay sobre la mesa, podremos matizar tres o cuatro cosillas, pero es lo que hay». Y todo envuelto en un discurso de inevitabilidad en el que se habla de un sector estratégico para los intereses europeos…

Contextualicemos un solo instante: OpenAI es sin duda una de las empresas que más ha crecido en 2024 y más crecerá en 2025. Pasó de ingresar unos 700 millones de dólares en 2023 a 3700 millones este año y una estimación de 11600 para el que viene. A su lado irán Google, Microsoft y demás empresas que están apostando muy fuerte por sus proyectos de inteligencia artificial generativa.

Generan mucho dinero de muchas formas diferentes. ChatGPT ya se utiliza a diario por cientos de miles de personas que pagan una suscripción porque «les facilita» su trabajo. Redactan mails, informes, resúmenes, artículos, copys para publi… Cientos de usos, miles.

Pero no solo eso. Ahora mismo hay miles de chavales (y no tan chavales) que están pagando por poder sextear con un bot. Le dicen guarradas a un avatar que les responde tal y como ellos buscan. Pero además, también hay unos cuantos que suben imágenes de gente de su entorno para recibir una imagen de esa gente desnuda. Y todo eso, otra vez más, genera muchísimo dinero y una serie de problemas éticos que no se están teniendo en cuenta.

Y ya fuera de esos matices, cada vez se están probando más usos de la IAG en la industria editorial de todo el mundo.

¿Cuánto tardarán en desaparecer los ilustradores en los libros de texto? ¿Cuánto tardaremos en dejar de ver ilustradoras en los libros clásicos?  ¿Cuánto tardarán en desaparecer las diseñadoras editoriales?

Hay muchos, muchos trabajos en juego, demasiados. Podría dar cientos de ejemplos, pero imagino que ya se entiende…

En este marco, un ministerio de Cultura en manos de Sumar (esto no deberíamos olvidarlo), nos dice que es inevitable el progreso de estas tecnologías y que al menos el Real Decreto garantiza el opt-out y que habrá un canon para los que entren en la trituradora.

Es una locura. Es como darle a elegir a un torturado el arma con el que ir cortándole la piel y encima venderle que te preocupas mucho por él.

En todo esto siempre se olvida lo mismo. No, yo no quiero que nadie negocie el precio de mis derechos por mí. Y nadie, significa nadie. ¿Por qué? Porque son míos y de nadie más. No son de las sociedades de gestión. No son de las empresas a los que se los cedo temporalmente. No son de nadie más que míos. No son lotes, ni colectivos, ni paquetes. Se negocian individualmente, uno a uno y si no, no se negocian. Y una modificación legal de este tipo no se puede hacer por la vía del Real Decreto.

Y te dicen «tienes la opción de decir que no quieres que se alimenten IAG con tu obra»

¿Ah, sí? ¿Y qué ocurre si se incumple? ¿Quién y cómo se vigila? La opción que nos queda es ir al juzgado y demandar. ¿Cómo se supone que pago eso? Si no existe ni el más mínimo viso de transparencia en toda la cadena del libro ahora mismo, ¿cómo se atreve nadie a decirnos que habrá total transparencia?

¡Pero si ya no la hay! Si cada año, cada maldito año sin excepción, tenemos que perseguir a las empresas a las que cedemos los derechos de nuestras obras para que simplemente cumplan la ley y muchas de ellas la incumplen de forma sistemática.

Y entiendo el razonamiento principal: «habrá una ley que obligue a la transparencia». Perfecto, gracias. Pero eso ya lo tenemos ahora mismo y, aún así, se incumple a diario y aquí no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no pasa? Porque muchas empresas se aprovechan del desamparo y la pobreza de las autoras. Si se cobra poco y se tienen pocos recursos y, además varios trabajos, es mucho más difícil plantearse siquiera emprender acciones legales.

Es más, cuando se quieren emprender, lo más sencillo es encontrarse con abogadas que desaconsejan llegar a un juicio. ¿Por qué? Porque no sale a cuenta ni económica ni emocionalmente por las cantidades que se manejan. Y dentro de este ecosistema se nos dice que no nos preocupemos que tendremos «garantías legales».

Y se olvidan de los datos, así que nada, ahí van:

  • Un 63 por ciento de las autoras están por debajo del umbral de la pobreza y se acercan a la exclusión social. Un 33 por ciento reciben menos de mil euros al año. El precio medio que se recibe en España por trabajar en el cómic es de 1,78 euros/hora. Esto obliga al pluriempleo. Los cómics se hacen en el tiempo libre que deja la primera ocupación.
  • Casi un 40 por ciento de las autoras españolas realizan su actividad dentro del mundo del cómic sin darse de alta en el régimen de autónomos, es decir, no cotizan nada por el trabajo realizado, aunque de media se invierte en realizar una obra entre 10 y 12 meses.
  • La gran cantidad de horas invertidas en el trabajo, el bajo rendimiento económico, la falta de protección social y cotización, y la obligación del pluriempleo, generan un caldo de cultivo muy propicio para la aparición de diferentes dolencias psicólogicas y psiquiátricas. Con el mercado saturado (4500 novedades al año), la comunicación con las editoriales es cada vez más pobre y la relación con las autoras es muy poco fluida y genera gran cantidad de incertidumbre. Las negociaciones contractuales se extienden durante meses, pero no porque se emplee ese tiempo en hablar sobre las condiciones, sino porque se entra en un bloqueo muy largo derivado de la enorme carga de trabajo editorial. Además, la velocidad de la cadena de distribución obliga al olvido temprano de las obras ya que muchas veces apenas permanecen unas pocas semanas en los puntos de venta y eso también afecta al ánimo y a la salud emocional de los autores que observan cómo sus obras mueren antes de tiempo.

Con todo eso sobre la mesa ¿Cómo se supone que pago yo un abogado para demandar a una gran empresa tecnológica? ¿De cuál de mis trabajos saco horas para ir a un abogado que no puedo pagar para demandar a una gran empresa tecnológica?

Pues eso es todo lo que te ofrecen. Que demandes, que si tienes razón es posible que varios años después de iniciar un procedimiento legal te la den. ¿Y mientras tanto qué hacemos con la ansiedad que genera una situación tan terriblemente estresante como pudiese ser esa?

Nada, lo normal, ir a terapia. Terapia que no podemos pagar y para la que tampoco tenemos tiempo.

Pero no olvidemos algo fundamental: toda esa pobreza extrema padecida por las creadoras parte de una situación total de injusticia y de desamparo que, además, imposibilita de facto la lucha judicial.

Un ejemplo simple: pongamos que Mari Carmen ha hecho un cómic para una editorial mediana o pequeña en España (que son la mayoría). Por ese cómic ha cobrado 1500 euros de adelanto y ha firmado 5 años de contrato. Hacer ese trabajo le supuso 11 meses y, después del primer año de explotación, la editorial solo consiguió vender 400 ejemplares.

La editorial pasa informe de liquidaciones y es negativo. El libro desaparece paulatinamente de los espacios de venta, de las comunicaciones de la editorial y de todas partes. El segundo año ya no hay informe, ni el tercero. Eso es ilegal, incumple el artículo 64 de la Ley de Propiedad Intelectual. Si Mari Carmen se plantea demandar ¿qué ocurrirá? Que todo el mundo en su entorno, en la profesión e incluso en la abogacía le recomendarán que no lo haga porque por lo que va a conseguir no le compensarán las penurias económicas y emocionales que tendrá que pasar.

¿Qué hace Mari Carmen? Exactamente lo que le recomiendan, no demanda. Y así caso a caso, libro a libro, se va construyendo un hábitat en el que muchas empresas se pasan la ley por el arco del triunfo y aquí no pasa nada. ¿Y la culpa es de Mari Carmen? Jamás, nunca, en ningún caso, la culpa es de la podredumbre y de los vicios de la cadena del libro y de los que se sienten impunes, eso por descontado.

Y estando en esas nos aseguran que tendremos unas estupendas y maravillosas garantías legales. Se nos impide la negociación individual, se nos obliga a tener que ser nosotros quienes asumamos la responsabilidad de tener que decir que no queremos que se nos triture y la protección que se nos ofrece es la posibilidad de demandar a entramados tecnológicos que generan miles de millones.

Y se olvida algo más. Imaginemos que de alguna manera detecto que mi obra se ha utilizado infringiendo mi decisión de que no fuese así. Pues nada, además de todo lo que tendré que pasar para que se me dé la razón, no me servirá de nada, la máquina ya habrá aprendido y no puede desaprender.

Ajo y agua.

En medio de esta emergencia, el día 19 un grupo de sociedades de gestión lanza una carta acariciando al ministro e invitándole a cenar.

El tono de la misiva no puede ser más complaciente y vergonzoso. Pero el trasfondo es todavía peor.

En un contexto en el que se propone que sean las sociedades de gestión las que vendan los derechos en lotes y repartan el dinero ¿no hace sospechar a nadie que se apresuren a sacar esa carta solo dos días después de las reuniones con las asociaciones que de verdad representan a las autoras?

¿Por qué se acompaña esa carta de notas de prensa en las que se habla de que 180000 creadores de todos los ámbitos están representados por esa carta firmada por los presidentes de esas sociedades?

Ahora ya se sabe: no se consultó a las socias antes de lanzar ese comunicado.

Esa representatividad no existe, es humo, o peor aún, es la excusa perfecta para acallar las protestas con titulares del tipo «los autores abrazan lo que el gobierno quiere hacer con las IA». Y eso es posiblemente lo más sucio que yo haya visto nunca en el sector cultural.

En un ambiente de total disconformidad con lo que se plantea, que salgan las sociedades de gestión a decir que está todo genial y que gracias Ernest, eres nuestro hermano pues… es una puñalada en el corazón y en la ética de las trabajadoras culturales.

¿Qué se puede hacer con todo esto?

Antes de que se acabase el plazo de alegaciones al proyecto de Real Decreto se presentaron más de mil propuestas diferentes. Más de mil. Entre ellas figuran sustituir el opt-out por el opt-in, es decir que sean solo las autoras que quieran participar en el entrenamiento de las IAG las que deban comunicarlo.

Figuran también propuestas como dejar en manos de las tecnológicas (que no olvidemos que facturan miles de millones) la labor de negociar individualmente si quieren conseguir un derecho concreto. ¿Por qué es fundamental? Porque el opt-out puede convertirse en una «buena intención» vacía de contenido por lo ya explicado ahí arriba ¿de qué me va a servir incluso ganando un juicio? De poco, la máquina entrenada con mi obra no puede desaprender.

Asimismo, se pone el foco en que antes siquiera de plantearse un Real Decreto, debería empezarse por exigir indemnizaciones millonarias por lo ya expropiado hasta el momento sin consentimiento alguno de los titulares de los derechos: los autores.

Pero incluso hay algo todavía más importante: algo de este calado social y con esta importancia para el futuro de todas nosotras, jamás debería tramitarse por la vía del Real Decreto, ya que la modificación que se quiere hacer de la Ley de Propiedad Intelectual supone la introducción de un nuevo tipo de licencia colectiva que no existe en nuestro marco legal. Solo cabe la vía de la tramitación parlamentaria, el debate profundo analizando todas las implicaciones éticas y sociales, la calma y la exposición después de hablar con todos los agentes sociales oportunos.

Necesitamos ser escuchadas y atendidas, hay mucho más en juego de lo que se quiere dar a entender y, una vez más, disfrazándolo de «avance estratégico e inevitable» se está poniendo por delante el interés de las empresas y del capital. Con un gobierno socialista y un ministro de Sumar.

Pero además necesitamos el apoyo incondicional del resto de la cadena del cómic, necesitamos que salgan las editoriales, las librerías, los distribuidores, los organizadores de eventos, los críticos, las divulgadoras… necesitamos que se posicionen, necesitamos poder contar con toda esa gente, hay demasiado en juego como para sentirnos solas.