En julio de 2023, un concejal de Cultura decidió que los niños de Burriana no debían seguir teniendo acceso, a través de su biblioteca municipal, a las revistas Camacuc y Cavall Fort. No porque hubiesen dejado de publicarse, porque nadie las leyese o porque faltase dinero para renovar las suscripciones. El problema era que estaban escritas en catalán y, según el concejal, servían para promover el separatismo. Lo normal…
Aquel fenómeno era Jesús Albiol, de Vox, después de que su partido alcanzase un acuerdo de gobierno con el Partido Popular. La decisión afectó a cinco publicaciones, entre ellas dos revistas infantiles con una trayectoria histórica en el mundo del cómic.
Podríamos despachar el asunto como una de esas pequeñas polémicas que duran unos días en los medios y después desaparecen. Pero merece la pena pararnos un poquito. Porque una cosa es que una administración decida qué actividades culturales quiere promocionar y otra bastante distinta que un responsable político utilice sus competencias para decidir qué publicaciones no deben llegar a las estanterías de una biblioteca por una supuesta ideología o por la lengua en la que están escritas.
Y porque, querida amiga, si algo deberíamos haber aprendido en estos últimos años es que la censura no tiene que ser siempre una cuestión de hogueras. A veces basta con cancelar una suscripción.
Estamos a menos de dos meses de unas elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre. Es un buen momento para examinar qué políticas culturales han desarrollado el PP y Vox y cuáles podrían ser las consecuencias para el mundo del cómic. No para adivinar el futuro, sino para entender algunas decisiones que ya se han tomado.
La batalla cultural se paga con dinero público
Vox (y todo el amplio espectro de la derecha española) lleva años utilizando la expresión «batalla cultural» para explicar una parte de su proyecto político. No es una ocurrencia exclusivamente española. La disputa sobre la identidad nacional, la memoria histórica o la presencia de determinadas ideas en las instituciones culturales forma parte de un conflicto político mucho más amplio.
No se trata solo de una determinada visión de la cultura, sino de convertirla en políticas públicas muy concretas.
Por ejemplo, en Castilla y León, donde el PP formó gobierno con Vox en 2022 y la Consejería de Cultura quedó en manos de Gonzalo Santonja, independiente propuesto por este último partido. Allí tienen una entidad encargada de la gestión de diferentes actividades culturales y turísticas: la Fundación Siglo.
Basta con ver unos ligeros movimientos comparando cambios entre 2021 y 2023. Por «arte de magia» apareció una partida de 350.000 euros para tauromaquia que no existía en el presupuesto anterior. La promoción de la lengua española pasó de 160.000 a 320.000 euros. La línea destinada a música se redujo de 370.000 a 90.000 euros, la colaboración con festivales bajó de 550.000 a 350.000 y desapareció una partida de 70.000 euros para literatura y libro.
Sí, esto son solo las cifras de esa fundación, pero vaya, creo que permiten identificar bien las prioridades.
Y aquí conviene evitar una trampa bastante habitual. Esto no es un debate sobre si los toros sí o no (que también), el tema es qué ocurre cuando se mezclan las políticas culturales con una determinada idea de identidad española y qué lugar queda para las expresiones que no encajan en ella.
Porque esto no es un tema de gustos, esto va de quién puede desarrollar una actividad cultural, de qué proyectos encuentran financiación y de cuáles tendrán que buscarse la vida.
La cultura del gran acontecimiento
Hay otra forma de hacer política cultural que no necesita retirar libros ni cancelar espectáculos. Basta con concentrar una parte importante de los recursos públicos en grandes acontecimientos capaces de reunir multitudes y generar una enorme repercusión mediática.
En Madrid tienen una vaina llamada Hispanidad, un festival que pasó de consumir unos 850.000 euros en 2021 a rozar los cuatro millones en 2024. En Galicia, la Xunta destinó más de diez millones de euros a patrocinios musicales dentro de los Concertos do Xacobeo de 2025. Y en Andalucía encontramos la San Diego Comic-Con de Málaga, para cuya edición de 2026 se puede comprobar un gasto público de más de 4,5 millones de euros.
Y ojo, que aquí lo que yo opine de los grandes eventos es lo de menos. Si fuera por mí, revisaría muy mucho qué financiamos exactamente con nuestro dinero y si ponemos la cultura por encima del beneficio. El tema es que en mi experiencia el problema se suele solucionar midiendo el «éxito» de estos saraos única y exclusivamente en dos conceptos: número de visitantes y cifras de ventas.
En la primera miente todo el mundo. La segunda es más opaca que la pared más gorda de una mina de carbón.
Pero es que además solemos olvidar algo: ¿quién puede permitirse disfrutar de esos acontecimientos que estamos financiando entre todas?
La San Diego Comic-Con de Málaga cobró este año una entrada de 84,80 euros por adulto y 37,10 euros por menor de entre cuatro y once años. Es decir, una familia de dos adultos y dos niños necesitaba 243,80 euros para pasar una sola jornada en el recinto. Sin contar el desplazamiento, la comida o cualquier compra que quisiera hacer durante la visita.
En el Resurrection Fest, el abono general de cuatro días de 2026 costaba 235 euros por persona. Para una pareja, 470 euros antes de empezar a calcular el resto de los gastos. Y hablamos de festivales que reciben cantidades importantes de dinero público. Muchos cientos de miles.
La gran paradoja está que cuando se anuncian estos grandes macroeventos no hay gestor político al que no se le llene la boca con el «interés cultural». Pero luego no se ponen ni coloraos al dejar fuera a buena parte de la población porque no puede pagar la entrada.
Este tipo de cultura ya está funcionando como un elemento de diferenciación de clase. Hay quienes pueden permitirse acudir a esos grandes acontecimientos y quienes deben conformarse con ver las fotografías al día siguiente. Pero eh, pagarlo lo pagamos todas.
A esto se añade una transformación preocupante: determinadas manifestaciones artísticas terminan encajadas exclusivamente dentro de una lógica de consumo. No basta con disfrutar de una obra. Hay que pagar por entrar en el recinto y, una vez dentro, seguir gastando para participar de la «experiencia» que nos están vendiendo.
La cultura se convierte en el reclamo de un gigantesco espacio comercial.
La Comic-Con de Málaga permite observarlo especialmente bien. Un acontecimiento dedicado al cómic y a la cultura popular puede recibir millones de euros en contratos y patrocinios públicos mientras el conjunto de las ayudas estatales a la creación de cómic dispone de un millón anual.
Que sí, que son administraciones distintas, que es mezclar churras con merinas, que populismo de rojos barbudos infectos y todo lo que tú quieras, Vicente, pero no me negarás que hay una diferencia de escala difícil de ignorar.
Mientras tanto, quienes intentan levantar iniciativas más pequeñas conocen la otra cara (y aquí hablo tras haberlo sufrido en mis carnes varios años seguidos). Conseguir que una administración escuche una propuesta puede convertirse en una tarea agotadora. A veces ni te reciben. Resulta difícil no preguntarse qué posibilidades tiene un proyecto que reúne a unos cientos de personas frente a otro que promete llenar hoteles durante un fin de semana.
Y en Galicia, además, hay una cuestión que convierte esta política de grandes acontecimientos en algo bastante más incómodo.
Según una investigación de El Salto, O Son do Camiño recibió en 2026 un contrato de patrocinio de la Xunta por 3.170.200 euros. Al Resurrection Fest le correspondieron otros 844.000 euros. Ambos festivales están vinculados empresarialmente a Superstruct Entertainment, adquirida en 2024 por el fondo de inversión estadounidense KKR.
¿Y qué tiene de particular KKR? Que sus inversiones han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y por el movimiento internacional de boicot a Israel debido a sus vínculos con negocios desarrollados en territorios palestinos ocupados. Una de las conexiones investigadas pasa por Axel Springer, grupo empresarial participado por KKR y relacionado con el portal inmobiliario Yad2, que ha anunciado propiedades en asentamientos israelíes de Cisjordania.
En 2025, más de treinta artistas y bandas reclamaron públicamente que los festivales vinculados a KKR atendiesen las demandas del movimiento palestino de boicot, desinversión y sanciones. El Resurrection respondió condenando el genocidio de la población palestina y reivindicando su independencia artística respecto al fondo.
Esto no demuestra que el dinero aportado por la Xunta financie directamente las operaciones militares israelíes ni permite atribuir a los festivales las decisiones de inversión de sus propietarios. Pero sí plantea una pregunta incómoda: ¿qué responsabilidad tienen las administraciones sobre las estructuras empresariales que reciben millones de euros en nombre de la cultura?
Porque, mientras una iniciativa pequeña tiene que justificar hasta el último euro, los grandes acontecimientos pueden recibir cantidades enormes sin que sus vínculos financieros parezcan suscitar el mismo grado de escrutinio público.
Cancelar también es gobernar
En 2023, el gobierno de PP y Vox de Valdemorillo canceló la representación de Orlando, adaptación de la novela de Virginia Woolf que aborda cuestiones de género y sexualidad. En Santa Cruz de Bezana, otro ejecutivo de coalición retiró del cine de verano Lightyear, porque «nadie piensa en los niños». Y en Briviesca, el Ayuntamiento del PP, sostenido por Vox y Ciudadanos, suspendió El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca, una obra sobre el maestro republicano Antoni Benaiges, fusilado en 1936.
Las compañías y distintos representantes políticos denunciaron censura ideológica. Los ayuntamientos ofrecieron explicaciones de carácter económico u organizativo, según el caso.
Y vamos solo un momentito más a Burriana, todo se llevó bastante más allá de las revistas infantiles. En febrero de 2025 se conoció que alrededor de 300 títulos propuestos para la biblioteca permanecían pendientes de adquisición.
Una biblioteca pública no tiene la obligación de compartir las ideas contenidas en sus libros. De hecho, sería bastante preocupante que lo hiciera. Su función consiste precisamente en facilitar que cualquier persona pueda encontrarse con ideas distintas de las suyas. Y eso incluye los tebeos que incomodan al concejal de turno.
Censura en burofax
No todas las presiones sobre la libertad artística proceden de las administraciones públicas. Algunas llegan en forma de querella, y aquí merece la pena detenernos en, sí, los famosos y siempre dispuestos, Abogados Cristianos.
En mayo de 2024, esta organización presentó una querella contra El niño Jesús no odia a los mariquitas, un cómic satírico de Don Julio publicado por Fandogamia. Acusaron a sus responsables de delitos relacionados con la provocación al odio y la provocación sexual. También hablaron públicamente de apología de la pederastia.
La justicia archivó la querella y, en enero de 2025, la Audiencia Provincial de Valencia rechazó definitivamente el recurso de Abogados Cristianos, a quienes condenó a pagar las costas procesales por la temeridad de su actuación.
Podríamos pensar que ahí terminó el problema. Pero el editor de Fandogamia, Pedro Medina, explicó que, incluso después de la resolución judicial, Amazon y algunas grandes cadenas de librerías seguían sin recuperar el título en sus catálogos. Es decir, la justicia no encontró delito alguno, pero el cómic continuaba encontrando dificultades para llegar a sus lectores.
Y no hablamos de un caso aislado. Abogados Cristianos también actuó contra el artista Abel Azcona por su obra Amén, realizada con hostias consagradas, en una sucesión de procedimientos que terminaron archivados. El propio artista declaró haber gastado más de 40.000 euros en abogados. La organización se querelló igualmente por una exposición del Colectivo de Artistas del Sur en Fuenlabrada y por un sketch de TV3 sobre la Virgen del Rocío. Ambas causas acabaron archivadas. En enero de 2025 presentó otra querella contra la ilustradora Lluïsa Febrer por el cartel de una fiesta LGTBI en Palma.
Lo interesante de esta sucesión de procedimientos es que no hace falta ganar un juicio para provocar consecuencias. Defenderse cuesta dinero, consume tiempo y puede generar una exposición pública que no todas las creadoras están en condiciones de soportar.
Y aquí aparece algo bastante más difícil de medir que una cancelación: la autocensura.
¿Cuántas autoras deciden suavizar una escena para evitar problemas? ¿Cuántas editoriales prefieren no publicar una obra porque temen encontrarse con una campaña de denuncias?
La libertad artística no desaparece únicamente cuando un juez prohíbe una obra. También puede verse condicionada cuando publicarla implica asumir un riesgo económico que quienes trabajan en el sector no siempre pueden permitirse.
Y resulta especialmente preocupante que el coste de defender esa libertad recaiga sobre la persona que ha creado la obra, mientras quien presenta una denuncia infundada puede haber conseguido ya buena parte de la repercusión que buscaba.
Dicho esto, conviene hacerse una pregunta que me parece bastante más inquietante que cualquiera de las querellas que hemos repasado: si todo esto está sucediendo con un Gobierno que, al menos públicamente, defiende la libertad artística, ¿qué podría ocurrir si la ultraderecha llegase a controlar el Ministerio de Cultura?
No necesitamos imaginar demasiado para encontrar indicios.
En julio de 2026, Vox presentó en el Congreso una propuesta para agravar las penas por ofensas a los sentimientos religiosos cuando se cometieran por motivos anticristianos. La iniciativa fue rechazada, pero nos permite conocer qué cambios legales considera deseables ese partido.
Ya hemos visto que recurren a los tribunales, que cancelan espectáculos o que optan por modelos extractivistas, pero ¿qué pasará si además dejamos en sus manos la legislación y los presupuestos de las políticas nacionales en materia de cultura?
Miedo, autocensura, obras complacientes y todo eso que ya sabemos que ocurre en determinados regímenes. Ese es el verdadero peligro: cuando antes de escribir una historia, cuando antes de proponer una iniciativa cultural, ya decidas que no merece la pena meterse en problemas.
Lo que nos toca directamente
Vale, muy bien, pero ¿aparte de tres o cuatro cosillas irrelevantes, esto qué demonios tiene que ver con los tebeos?
Bastante.
En 2025, el Ministerio de Cultura puso en marcha una línea específica de ayudas a la creación de cómic. La convocatoria de 2026 mantiene una dotación máxima de un millón de euros y contempla proyectos en las distintas lenguas oficiales, así como en aquellas que cuentan con reconocimiento jurídico en los estatutos de autonomía.
No voy a defender aquí que el sistema sea perfecto. Ya hemos hablado largo y tendido en el blog sobre los aspectos positivos y negativos de las ayudas. Que sí, que chiringuitos, dedazos y todo lo que tu quieras, primo, pero su simple existencia supone reconocer algo que nuestro sector lleva décadas reclamando: crear un tebeo es un trabajo que merece apoyo público.
También en junio se presentó el Plan de Fomento de la Lectura 2026-2030, con cien medidas y una inversión prevista de 82,7 millones de euros. Entre sus objetivos aparecen el acceso a la lectura en condiciones de igualdad, la bibliodiversidad y una mayor difusión del cómic.
Estas iniciativas tienen algo en común: dependen de decisiones presupuestarias que pueden mantenerse, modificarse o desaparecer.
¿Significa eso que un futuro gobierno del PP, solo o acompañado por Vox, vaya a eliminar las ayudas al cómic? No lo sabemos. No existe una decisión adoptada que permita afirmarlo. Yo quiero creer que no caerán en eliminarlas, pero vete tú a saber.
Lo que se puede hacer es examinar los antecedentes y exigir compromisos concretos. Qué financiación se mantendrá, cómo se protegerá la autonomía de las bibliotecas y qué criterios se utilizarán para distribuir las ayudas públicas. Porque la libertad de creación no consiste únicamente en que nadie te prohíba dibujar una historia. También importa que existan condiciones para crearla y que después pueda encontrar a sus lectores.
Y quizá convenga añadir algo más: financiar la cultura no debería consistir en ayudar a que la gente compre entradas para el macroevento de turno. Debería servir para que todo el mundo pueda participar en ella sin que su situación económica importe.
Lo que está en juego
El 11 de noviembre está convocada una huelga general de 24 horas impulsada por el sindicato de inquilinas al que se han sumado un montón de organizaciones más. Su reivindicación central es que los salarios y las condiciones materiales permitan acceder a una vivienda digna.
Puede parecer que esa movilización tiene poco que ver con las políticas culturales. Pero quienes trabajamos en el cómic conocemos bastante bien la relación entre los ingresos, el tiempo disponible y la posibilidad de dedicarnos a crear.
Una autora que no puede pagar el alquiler tampoco dispone de demasiada libertad para rechazar un encargo mal pagado. Y una familia que debe calcular cuidadosamente sus gastos difícilmente puede considerar normal desembolsar casi 250 euros para visitar durante un día un acontecimiento dedicado a la cultura popular.
El 29N se vota la composición del Congreso, la del Senado y con ello los próximos años también para las políticas culturales.
Yo no sé qué saldrá de las urnas. Pero me basta asomarme al mundo de vez en cuando para encontrar ejemplos muy claros de lo que ocurre cuando dejamos en algunas manos el acceso a la creación y a la cultura.
Quizá sea ese el asunto que deberíamos tener presente cuando escuchamos hablar de la batalla cultural. No se trata de que salga el Perro hablando de tebeos en TikTok, eso importa entre poco y nada, importan los presupuestos y quién puede permitirse disfrutar de aquello que se financia con dinero público.
En fin, lo mejor que se puede hacer en estos casos siempre obedece a la misma lógica: el 11N haz huelga, no vayas a currar, no abras tu negocio y el 29N ve a votar y vota con ganas.