A las que hayáis pasado por aquí con cierta frecuencia seguro que os suena aquel texto hablando de lo de ECC y la relación que desde mi óptica tiene con la conocida burbuja de sobreproducción en el cómic nacional.
Pues bien, todo este tema que ha saltado a raíz del artículo de El País que saca a la luz cosas que se sabían en el mundillo referidas a Dolmen, es otra muestra más de cómo funciona esa burbuja generando títulos muertos que no van a ningún sitio y solo se instrumentalizan por motivos que poco tienen que ver con la venta de tebeos.
Y esto no es algo que solo afecte a Dolmen, tiene ramificaciones en todo el sector porque si no las tuviese sería absurdo estar hablando de burbujas y sería un tema de si tal o cual administrador de una empresa es mejor o peor. Que tiene importancia, por supuesto, que nadie piense que escribo esto para exculpar a nadie, al revés, parece evidente que se ha actuado terriblemente mal en todo momento.
Pero eso se sabe, se sabía y se sabrá y esperemos que todo acabe de la forma más favorable posible para las autoras y con la empresa, su administrador y sus colaboradores, asumiendo todas las responsabilidades que les toque asumir.
Dicho esto, ampliemos la mirada, ya habrá tiempo de bajar al detalle.
EL ASUNTO «TAQUILLAZO»
En el año 2015, tras un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y del Instituto de la cinematografía y las artes audiovisuales (ICAA) se destapó el «escándalo taquillazo».
Para acceder a determinadas subvenciones en el mundo del cine, había que acreditar un número de estrenos y un número de espectadores. Sin embargo, había un vacío en la convocatoria, en ningún sitio decía que esos espectadores tenían que haberse comprado ellos mismos la entrada.
Algunas productoras compraban todas las entradas y las regalaban. ¿Por qué? Parece obvio, para cumplir un requisito marcado en unas bases y abrir la vía del dinero público.
Rápidamente saltaron los titulares: escándalo, paguitas, titiriteros subvencionados actuando tal y como se espera de ellos… Pero se olvidaba, como de costumbre, otra perspectiva: lanzar al circuito obras muertas solo como una doble excusa: echar más leña a la hoguera de la distribución y sacar un pellizco de donde sea para seguir alimentando la ilusión de las «industrias culturales».
Es posible que la resolución no te sorprenda. A lo largo de los años han ido saliendo diferentes sentencias, las últimas son de hace apenas unos meses, las productoras han quedado absueltas y están libres de polvo y paja.
Por algo sencillísimo: no estaban haciendo nada ilegal. A ti puede parecerte un engaño, puede parecérmelo a mí, pero las cosas son como son. En la convocatoria ponía espectadores y había espectadores, si dices lo contrario mientes y si dices que eso va en contra de la ley mientes.
Pero… ¿Y la ética? ¿Y la decencia? ¿Y el respeto a la cultura? ¿Y las «reglas del juego»?
Eh… ni idea, pero si tienes algún problema, ya sabes, te vas al juzgado.
SUBVENCIONES POR AQUÍ, SUBVENCIONES POR ALLÁ
Hay algo curioso que diferencia a las subvenciones en el sector del libro con respecto a otras industrias. Cuando se pide que una empresa demuestre que tiene sus cuentas al día eso no parece afectar a si se han pagado o no los derechos de autoría. ¿Por qué? Pues ni idea, pero es fácil aventurarse a decir que resulta muy sencillo esquivar eso frente a la administración.
Las autoras cobramos mediante factura sin una relación laboral con contrato de trabajo. Somos proveedores externos, nuestra actividad está exenta de IVA y la relación que podamos tener con la Seguridad Social es cosa nuestra. Las editoriales ni pinchan ni cortan en ese sentido.
En un vistazo rápido, si la empresa está al corriente de pago con sus empleados (y las autoras no somos sus empleadas), se da luz verde y aquí paz y después gloria.
¿Entonces la administración no vigila y está incumpliendo la ley y tenemos que salir todas con antorchas y palos? No, no, si la ley se cumple escrupulosamente bien, el tema es que no es suficiente y, al igual que con «taquillazo» deja abierto un agujero inmenso por el que se abre el acceso al dinero público para jetas y aprovechados para los que su negocio no es precisamente vender libros.
El otro día en El País se hablaba de que Dolmen había recibido en solo tres años (entre 2022 y 2025) hasta 460000 euros de dinero público proveniente de diferentes administraciones.
Si se echa un vistazo rápido al portal de subvenciones se puede comprobar que estamos hablando de 94 solicitudes tramitadas y concedidas en tres años.
94.
Más de treinta por año.
RELATOS, RELATOS, RELATOS
En una sorprendente reacción a todo esto, el administrador de Plan B (recordemos que Dolmen fue liquidada hace años), comenta que el problema es que son una empresa familiar que ha crecido mucho y no han sabido gestionarla en condiciones.
Y, claro… surgen preguntas. La primera es tratar de averiguar por qué se asocia tener una empresa familiar con no llevar las cuentas al día. Es que… a ver, eso es insultante para la inmensa mayoría de gente que tiene una pequeña empresa en este país.
La segunda tiene que ver con algo extraño: ¿cómo es que en esa empresa familiar son incapaces de pagar los derechos de autoría en tiempo y forma, pero a la vez tienen la capacidad de gestionar tan maravillosamente bien 94 subvenciones en tres años? Es que son más de dos al mes, con sus memorias, sus justificaciones, sus presupuestos… No sé, se me antoja difícil compaginar eso con esa idea peregrina de «es que no sabemos hacer muy bien las cosas porque somos una empresa familiar».
En otra parte del mismo artículo también se comenta que en uno de los últimos años la empresa presentó unas cuentas que hablan de más de un millón de facturación y poco más de veintitantos mil euros de beneficio.
Beneficio significa que sale el excel en verde porque se han cuadrado los ingresos con los gastos y te ha sobrado algo de pasta.
Insisto: se han cuadrado los ingresos con los gastos y te ha sobrado algo de pasta.
El tema es, en la casilla de ese excel referida al pago de los derechos de autoría ¿qué es exactamente lo que se pone? ¿Se contrasta en algún sitio con los proveedores de esos derechos o simplemente se convierte en un «el que tenga algún problema que vaya al juzgado»? Ni idea, yo solo pregunto.
Eso sí, facturar por encima del millón de euros y además presentar unas cuentas en verde con beneficios pues… no sé… llámame loca, pero yo diría que es un balance estupendo para una empresa familiar, no entiendo ese autodesprecio.
A no ser que las cosas no vayan tan bien, claro.
TAQUILLAZOS, PEGATINAS, INFORMES Y BURBUJAS
Hace ya muchos años que se viene hablando de que dentro del sector del libro participan agentes cuyo negocio no parece ser el de vender obras, promocionarlas, conseguir que se hable de ellas y enriquecer la cultura.
No. El negocio es otro. Hacer que la rueda siga girando, que la deuda vaya cambiando de manos y tratar de esquivar lo máximo posible la patata caliente.
De vez en cuando, igual que con el juego de las sillas, la música para, corres a buscar asiento y, con un poco de suerte lo consigues, pero si no lo haces te vas al carajo. Le ha pasado a muchas librerías en los últimos años, a varias editoriales pequeñas, a ECC y a un montón de autoras a las que nadie hace ni caso porque es lo que menos importa en todo este sarao.
El panorama no es nuevo, todo esto ya lo sabemos, el problema es que no se quiere cambiar.
El artículo 64 de la ley de propiedad intelectual es el referido a las obligaciones del editor. En su punto 5 dice:
5.º Satisfacer al autor la remuneración estipulada y, cuando ésta sea proporcional, al menos una vez cada año, la oportuna liquidación, de cuyo contenido le rendirá cuentas. Deberá, asimismo, poner anualmente a disposición de autor un certificado en el que se determinen los datos relativos a la fabricación, distribución y existencias de ejemplares. A estos efectos, si el autor lo solicita, el editor le presentará los correspondientes justificantes.
No me lo estoy inventando yo, es una obligación recogida en la ley, hacer algo diferente a lo que pone ahí es contrario a derecho.
Si un editor, al menos una vez al año, no te pasa un certificado que exponga cuántos ejemplares se han impreso de tu obra, cuántos se han distribuido, cuántos se han vendido y cuánto stock queda, está actuando de manera contraria a derecho.
Si un editor te manda un mail diciéndote: «Mariluz, este año se han vendido 17» faltan datos y está actuando de manera contraria a derecho.
Si un editor te manda un pdf en el que pone que se han distribuido 23, se ha vendido 1 y quedan 22 en stock, siguen faltando datos y está actuando de manera contraria a derecho.
Si a lo que algunos editores llaman «empresa familiar» o «amistad» se refiere a que se puede ser espectacularmente chapucero y actuar de manera contraria a derecho porque «hay confianza» y «siempre que quieren me pueden llamar por teléfono» lo único que demuestra es un par de cosas:
La primera es que si de verdad se quiere seguir teniendo el cuajo de hablar de industria del cómic en España, hay que desterrar la cutrez de una santa vez. Esa cutrez es un caldo de cultivo ideal para que broten todo tipo de especímenes que no se ponen ni coloraos a la hora de reconocer públicamente que no es que hagan las cosas mal, es que no cumplen con la obligaciones más básicas marcadas por ley. Y no, esto ni es un caso aislado, ni aplica solo a una empresa.
La segunda es que si se permite que aquellos que se saltan la ley de manera habitual puedan percibir grandes cantidades de dinero público, se les está garantizando una impunidad brutal e incluso la sensación de que no pasa nada por actuar de manera contraria a derecho un día sí y otro también. Y eso no se arregla diciéndole a un autor al que le deben 200 euros que se vaya a la otra punta del país a empezar un procedimiento judicial.
Hay que asumir que hay una parte de todo el entramado editorial (y si me apuras del cultural) que está podrida. No se está cumpliendo la ley, todo el mundo sabe que no se está cumpliendo la ley, pero se minimiza, se habla del problema de Menganita con el editor Fulanito, pero es estructural.
Se firman contratos de 1500 euros para lanzar obras al mercado de las que se venden 150 copias en cinco o siete años y de las que no se rinden cuentas. No se certifica cuántas copias se imprimen y, con suerte, te llega alguna información alguna vez. Y que no se cumpla la ley es un problema gordísimo. Pero también hay otros problemas dentro de lo que sí que es legal.
Lanzar obras al mercado solo por acumulación porque eso sirve para obtener subvenciones y para mantener las condiciones de distribución es legal y, si se ha hecho todo de manera impoluta, nadie puede llevarte a un juzgado por ello. Pero… ¿no te estremece lo de «taquillazo? ¿No te parece loquísimo que una empresa decida hacer algo como comprar todas las entradas de un montón de salas? ¿No es igual de loco lanzar chorrocientos títulos al año sabiendo que un porcentaje elevadísimo se lanzan muertos?
¿Esto pasa igual en todas las editoriales? No, claro que no, hay gente seria, gente muy seria. Pero ojo, también tienen una responsabilidad, la misma que tenemos todas, saben lo que hay, saben lo que se esconde debajo de la alfombra.
Y deberíamos decirlo. Todas. Deberíamos insistir en que seguimos bailando encima de maderas podridas. Por mucho que estemos disfrutando de la fiesta de vez en cuando se rompe un tablón y alguien cae al vacío. Cuando se cae una autora, nada, se sigue disfrutando. Cuando se cae una librería, vaya, la echaremos de menos.
Pero seguimos igual, por muchos titulares grandilocuentes que digan que se lee más que nunca, por muchos informes dignos de aplauso y por mucho repetir cómic, cómic, cómic, eso no arregla las grietas.
¿Queremos tomarnos lo de la industria del tebeo en serio? Genial, pues ya va siendo hora de echarle un vistazo a los cimientos y empezar las obras.